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La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha puesto en evidencia los faltantes de muchos países en relación con la solidez de sus instituciones, las fortalezas de sus economías y la calidad de sus liderazgos. Aunque el virus es el mismo para todas las naciones, su impacto en materia sanitaria, económica, política y social será diferente de un país a otro. 

En el caso de América Latina, las consecuencias que se anticipan lucen devastadoras. Los rezagos que algunos países de esta región muestran en materia de salud, protección social, y productividad, así como el deterioro que varios padecen en sus cuentas fiscales y endeudamiento externo,  amplificarán las consecuencias negativas de la crisis y limitarán la capacidad de los gobiernos para mitigar los efectos de la misma. 

El panorama económico es en extremo negativo, especialmente si se considera que el año anterior el crecimiento en la región se había desacelerado en 18 de los 20 países, alcanzando una tasa promedio de tan sólo 0.3%.  La Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) identifica seis canales de transmisión de los efectos de esta crisis sanitaria sobre la economía latinoamericana: (i) la menor  actividad económica de los principales socios comerciales que reducirá las exportaciones; (ii) la interrupción de las cadenas globales de valor que limitará el acceso a los insumos requeridos para la producción; (iii) la contracción en la demanda por servicios de turismo; (iv) la caída en los precios de materias primas y productos básicos; (v) el deterioro de las condiciones financieras; y (vi) el menor ingreso de divisas por concepto de remesas del exterior.  El impacto de este conjunto de condiciones, acarreará una caída en el crecimiento de la economía que ha sido estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en -5.2%, muy por debajo del promedio mundial de -3%. 

El deterioro económico tendrá un impacto inmediato y profundo en materia social. Los primeros efectos se han hecho sentir en el sector informal de la economía en el cual, la International Labor Organization (ILO) estima que trabajan cerca de 140 millones de personas, equivalente al casi 50% de la población trabajadora. La consecuencia más inmediata será el incremento en la cantidad de personas en estado de pobreza que se estima alcanzará al menos 35 millones de personas (pasando de 185 a 220 millones). Los trabajadores en el sector formal se verán también afectados, con lo cual la tasa de desempleo podría alcanzar cerca del 11,5%, lo que supone cerca de 37,7 millones de personas desempleadas. 

Si bien la mayoría de los países ha anunciado medidas de subsidios a la población necesitada y a las empresas que lo requieran, los recursos con que cuentan los gobiernos son extremadamente limitados. La acumulación del déficit fiscal en América Latina durante la última década es cercano a 3%. Esta situación ha obligado a que en medio de las apremiantes necesidades generadas por la pandemia, Ecuador haya tenido pagar USD 326 millones de capital de bonos el pasado 24 de marzo del 2020, para evitar el default en que habría caído en caso de no hacerlo. 

Finalmente, y para completar este complejo escenario, debemos añadir la fragilidad que algunas variables políticas venían mostrando en los años previos a la crisis del coronavirus. El apoyo a la democracia en América Latina se venía debilitando en los últimos años, en la misma medida en que  crecía la percepción negativa sobre el desempeño de los gobiernos. De acuerdo al Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia ha venido disminuyendo constantemente, pasando de un 44% en 2008 a un 24% en 2018. Ante la pregunta formulada ese mismo año de “¿para quién se gobierna?”, los latinoamericanos manifiestan en casi un 80% que “para unos pocos y en beneficio propio”, en el 2009 ese porcentaje había sido de un 61%. El enfado y el desencanto con las instituciones públicas y la política terminó expresándose de manera violenta en las calles de varias ciudades latinoamericanas, cuando en el 2019 explotaron varias protestas sociales que pusieron en apuros a gobiernos en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, y Chile, entre otros. 

Pese a la magnitud de los desafíos planteados, la región cuenta con herramientas internas, regionales e internacionales, que debidamente combinadas en el marco de una adecuada estrategia puede permitirle sortear los problemas más apremiantes de naturaleza sanitaria, y a la vez construir la ruta de la recuperación económica y social. 

El objetivo más inmediato es contener la crisis sanitaria y la velocidad de contagio del virus, para lo cual la región cuenta a su favor con las experiencias adquiridas en los escenarios asiáticos y europeos. Aunque hay algunos países en los que los niveles de contagio se han disparado, hay también un grupo amplio en el que las normas de confinamiento y distanciamiento social, están dando buenos resultados.  De manera concomitante, los países deben mitigar la caída de ingresos, especialmente de los hogares más vulnerables y tomar acciones para apalancar el tejido empresarial. Tanto en esta materia como en la atención sanitaria, las instituciones financieras internacionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están jugando un papel determinante brindando acceso al financiamiento de manera rápida y en condiciones favorables, a los gobiernos de la región. 

Superadas esas etapas quedará la tarea más compleja relativa a la reactivación económica considerando que más allá del shock ocasionado por el nuevo coronavirus, la región arrastra un conjunto de problemas estructurales que le dificultará acelerar el crecimiento y asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.  Para emprender esta tarea, se deberán impulsar políticas fiscales y monetaria expansivas que conduzcan a la reactivación económica, pero teniendo presente los errores y excesos del pasado y la naturaleza transitoria de dichas medidas. Estas políticas deberán ser acompañadas de un conjunto de medidas dirigidas a elevar de manera sustancial la productividad y competitividad de las naciones latinoamericanas, en el marco de un renovado regionalismo, el impulso de alianzas público-privadas, e instituciones más transparentes, eficaces e incluyentes. 

La crisis a la que nos ha arrastrado la pandemia, podemos convertirla en la oportunidad para revisar el endémico crecimiento nuestras economías y el mediocre desempeño de nuestras democracias, e iniciar el recorrido hacia escenarios de mayor prosperidad, bienestar y estabilidad.